Morgenthaler continúa explicando el complejo papel de la lengua en las migraciones de pueblos africanos. Describe el proceso por el que pasa un buscador de asilo. Entre los primeros pasos, alrededor de 72 horas después de su llegada, la persona debe dar su país de origen. Esto es importante, pues las leyes tienen reglamentaciones diferentes para cada país (por ejemplo, es muchísimo más difícil entrar como un refugiado de Magreb que uno de Nigeria). Aquí viene, no obstante, un proceso polémico: LADO, o Language Analysis for Determination of Origin. En este proceso, supuestos hablantes nativos analizan si la lengua del solicitante de refugio coincide con la nación a la que éste dice pertenecer. En un par de ejemplos podemos mostrar claramente la inefectividad de este procedimiento: hace algunos años, en el Reino Unido, 100 somalíes fueron erróneamente deportados a una región que no solo no era la que les correspondía, sino que los ponía en peligro; en otro caso, solicitantes de asilo haitianos fueron incorrectamente deportados a países francófonos en África. Estos dos casos muestran claramente que los supuestos hablantes nativos no conocen en realidad suficiente del idioma ni para diferenciar variedades inmensamente distintas.
Este procedimiento tiene muchos defectos. Es realizado por empresas que cuentan con pocos expertos en el tema, y el bajo control de certificación lo vuelve poco más que un negocio lucrativo. Además, la ideología monoglósica de que a una lengua le corresponde un país ignora la complejidad lingüística y cultural de los geolectos y los idiolectos formados por los únicos e individuales caminos de los refugiados. También, este proceso minimiza la capacidad intelectual y fonética de los hablantes, al asumir que un individuo no puede desarrollar una competencia nativa en una lengua que no es la de su lugar de nacimiento.
Si se desea mantener este sistema, es necesario mejorarlo. Para ello, podrían contratarse verdaderos expertos en el tema (como lingüistas forenses), y podría convertirse en un sistema público en vez de privado para evitar que interfieran intereses financieros en él.